Reclamaciones económico-administrativas ante la Junta Superior de Hacienda

Son impugnables ante la Junta Superior de Hacienda los actos en relación con:

• La gestión, inspección y recaudación de los tributos propios y de los precios públicos de la Comunidad de Madrid y de su Administración institucional.

Son tributos propios de la Comunidad de Madrid, el Impuesto sobre Depósito de Residuos, el Impuesto sobre la Instalación de Máquinas en Establecimientos de Hostelería Autorizados y las tasas propias de la Comunidad de Madrid.

• La imposición de sanciones tributarias en relación con los tributos propios de la Comunidad de Madrid y su Administración institucional.
• Los actos de gestión recaudatoria de sanciones no tributarias, de reintegros de subvenciones y de otros ingresos de Derecho público de la Comunidad de Madrid y de su Administración institucional.

• Los actos en relación con los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad de Madrid (como son, por ejemplo, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) ni, en su caso, con los recargos establecidos por la Comunidad de Madrid sobre tributos del Estado.
• Los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración del Estado y sus organismos o entidades públicas dependientes de la misma.
• Los actos de la Administración de otras Comunidades Autónomas.
• Los actos de las entidades que integran la Administración Local sobre tributos locales.

La ejecución del acto reclamado se puede suspender automáticamente por el ÓRGANO DE RECAUDACIÓN competente, previa solicitud del reclamante y siempre que garantice el importe del acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos procedentes en caso de ejecución de la garantía.

La GARANTÍA debe ser alguna de las siguientes:

1. Depósito de dinero o valores públicos.
2. Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
3. Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.

Cuando no pueda aportar las garantías a que se refiere la suspensión automática anterior, también se puede suspender la ejecución del acto impugnado por el órgano de recaudación competente, previa solicitud del reclamante y con aportación de otras garantías distintas (por ejemplo, hipoteca, prenda, etc.).

La Junta Superior de Hacienda puede suspender la ejecución del acto únicamente cuando la ejecución pudiera causar PERJUICIOS de difícil o imposible reparación o cuando se aprecia un ERROR aritmético, material o de hecho, debiendo acreditarse los perjuicios o la concurrencia del error:

• Suspensión con dispensa total o parcial de garantías cuando se justifique que la ejecución causaría PERJUICIOS de imposible o difícil reparación.
• Suspensión sin necesidad de aportar garantía, cuando se aprecie que se ha podido incurrir en un ERROR aritmético, material o de hecho.

El recurso de anulación puede interponerse en el PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES y EXCLUSIVAMENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamación.
2. Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas en la vía económico administrativa.
3. Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolución.

También se puede interponer recurso de anulación contra el acuerdo de archivo de actuaciones al que se refiere el art. 238 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra la resolución de un recurso de anulación no puede interponerse de nuevo este recurso. Tampoco puede interponerse contra la resolución de un recurso extraordinario de revisión.

ACTOS IMPUGNABLES:

Este recurso se puede interponer contra las resoluciones firmes de las reclamaciones económico-administrativas, así como contra cualesquiera actos firmes de la Administración de la Comunidad de Madrid susceptibles de impugnación en vía económico-administrativa, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido.
2. Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución.
3. Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

PLAZOS:

• Plazo de interposición: TRES MESES, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial.
• Plazo de resolución: Seis meses.

NO SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO:

La ejecución del acto o resolución impugnado mediante un recurso extraordinario de revisión no puede suspenderse en ningún caso.

Si está en desacuerdo con los actos dictados en ejecución de una resolución económico-administrativa, puede interponer recurso contra la ejecución en el plazo de UN MES.

Con carácter previo a este recurso no cabe recurso de reposición.