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La nueva Ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, introduce, por primera vez, una regulación expresa sobre la capacidad necesaria para prestar consentimiento al tratamiento médico, especialmente en el caso de los menores de edad, afectando a la forma en la que éstos han de ser informados y prestar su conformidad, directamente, o mediante representación, con el procedimiento médico que se les va a aplicar