La Comunidad de Madrid regulará la figura del experto facilitador para prestar apoyo a personas con discapacidad en las sedes judiciales
La Comunidad de Madrid regulará la figura del experto facilitador para dar apoyo a personas con discapacidad en las sedes judiciales de la región, juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales de la región, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia-. El Consejo de Gobierno ha conocido hoy del informe que la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como último trámite para que se apruebe el proyecto de Decreto para la prestación de este servicio.
La futura norma tiene como objeto conseguir que estos ciudadanos accedan y participen en la justicia en condiciones de igualdad. Para ello, establece los requisitos, principios de actuación y el modo de designación de estos profesionales. Deberán ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. Tendrán q contar con formación específica –cursos con una duración mínima de 100 horas- en este ámbito.
El servicio de facilitador judicial estará incluido dentro del protocolo de peritos judiciales. Además, se formará a todos los psicólogos y trabajadores sociales de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito para que ejerzan esta función y asistan a los individuos con discapacidad en posición de víctima.
La Ley de 2021 por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo de personas con discapacidad prevé que en los procesos judiciales en los que participen se harán los ajustes necesarios para evitar cualquier tipo de discriminación. El Gobierno regional cuenta para ello con la colaboración y asesoramiento especializado de entidades con una dilatada experiencia.
La Comunidad de Madrid reforzará las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito con diez nuevos facilitadores, psicólogos y trabajadores sociales. Desde julio de 2022, ha triplicado el personal de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito, hasta alcanzar un total de 57 de estos empleados.