La Comunidad de Madrid aprueba el Plan de Formación para Empleados Públicos de 2023
La Comunidad de Madrid ha aprobado el Plan de Formación de Empleados Públicos de 2023, que afecta a los cerca de 170.000 trabajadores de la Administración regional. Al igual que en años anteriores, esta iniciativa incluye también al personal de Administración y Servicios de las Universidades Públicas Madrileñas y de las Corporaciones Locales del ámbito autonómico. De esta forma, se consolida la colaboración interadministrativa y la integración de esfuerzos formativos que ha contribuido notablemente a la eliminación de duplicidades en esta materia.
![Formación ordenador mujer joven Mujer joven recibiendo formación con su ordenador](https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/image_style_16_9/public/img/personalidades/shutterstock_360423923.jpg?itok=VcaG1IP0&c=e0db334ced0fd95c4280d7a2ad37b8b0)
El Plan prevé la celebración de un total de 1.089 cursos, con 62.647 plazas disponibles y 65.769 horas lectivas, e incluye programas destinados a la adquisición de competencias idiomáticas, la implementación de nuevas políticas de recursos humanos o dirigidos al personal de la alta función pública, entre otros.
Con este programa, se pretende mejorar la formación en aquellos ámbitos de prestación directa de servicios a la ciudadanía, como emergencias, justicia, servicios sociales, educación o sanidad. Asimismo, se busca contribuir a la adaptación de la Administración a la realidad social actual, prestando especial atención a asuntos como la transformación digital o la gestión eficiente de recursos públicos, entre otros.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó la resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo este mes. Los empleados públicos interesados en esta oferta formativa podrán presentar su solicitud, de forma telemática, entre el 1 y el 28 de febrero de este año.
Además de este plan, la Comunidad de Madrid también contribuye a la formación de sus empleados públicos con ayudas que financian, en parte o en su totalidad, los gastos de matriculación en enseñanzas especializadas, como másteres o cursos de posgrado, destinadas a ampliar o mejorar sus habilidades profesionales y que se traduzcan en una mejora en la prestación de servicios.