Destinamos 600.000 € al transporte de muestras de COVID-19 a los laboratorios
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado hoy de la contratación de servicios de transporte de muestras de pruebas diagnósticas de PCR realizadas en centros de salud para ser analizadas en los laboratorios de los hospitales de referencia. El contrato comprende los meses de febrero a junio, por un importe de 604.615,57 euros.
Durante la etapa del Estado de alarma, la Comunidad de Madrid diseñó un operativo de rutas específicas para la recogida de muestras PCR realizadas tanto en los domicilios de pacientes como en centros de la Consejería de Sanidad. Asimismo, a finales del mes de marzo se habilitaron dos puntos fijos para la realización de las muestras para el personal sanitario de Atención Primaria y para el personal socio-sanitario de las instituciones dependientes de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del Gobierno regional.
Estas muestras se trasladaban para su análisis en los laboratorios de referencia, con contratación urgente de transporte cuando la situación lo requería y a demanda de los centros sanitarios. Esta cobertura se mantuvo también durante los fines de semana en los Servicios de Atención Rural de la Comunidad de Madrid. También se contrató un servicio de almacenamiento de material de protección frente a COVID-19.
De la cuantía total de 600.000 euros, 67.000 euros se destinaron al contrato de emergencia de transporte de muestras relacionadas con el estudio de seroprevalencia que la Comunidad de Madrid, como el resto de regiones, realizó en coordinación con el Ministerio de Sanidad para conocer qué porcentaje de población había adquirido anticuerpos del coronavirus durante mayo y junio de este año.
Las encuestas de serovigilancia son estudios descriptivos transversales en los que se recoge sangre de una muestra representativa de la población con el fin de detectar la presencia o ausencia de anticuerpos, antígenos o complejos inmunológicos. Permiten conocer la frecuencia y distribución de la infección, independientemente de la aparición de sintomatología, así como obtener una visión de la dinámica de la infección a nivel poblacional.
A todos los contratos de las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19 les resulta de aplicación la tramitación de emergencia.