Ultimamos el decreto de creación del Consejo LGTBI para presentarlo este mes a los colectivos
La Comunidad de Madrid está ultimando el decreto de creación del Consejo LGTBI, que pretende ser un espacio de participación ciudadana superior en materia de derechos y deberes de las personas LGTBI y un órgano consultivo de las administraciones que inciden en este ámbito. Así lo ha adelantado hoy el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid. En su intervención, el consejero se ha comprometido además a presentar este borrador a los distintos colectivos antes de que finalice el mes de octubre.
“La creación del Consejo LGTBI será el inicio de todas las acciones que haremos como gobierno en defensa de la diversidad y la libertad”, ha afirmado Reyero en sede parlamentaria, al tiempo que ha dado cuenta de las reuniones celebradas con las principales asociaciones que defienden los derechos del colectivo para avanzar, precisamente, en la creación de un grupo de trabajo que dé el impulso definitivo a la creación de este consejo. Este organismo será el encargado del desarrollo de los reglamentos de las leyes LGTBI y Trans.
El consejero ha puesto en valor la disposición de las asociaciones para trabajar de manera conjunta y poner en marcha todos los protocolos que ambas normas establecen. Asimismo, ha destacado los pasos adelante que se han dado desde el Gobierno regional para erradicar cualquier tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género. En este sentido, Reyero ha recordado el firme compromiso de la Comunidad de Madrid para erradicar y combatir comportamientos LGTBIfóbicos, como ha demostrado al imponer la primera sanción por infracción muy grave desde la entrada en vigor de la Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad en la región.
El consejero ha garantizado que la labor del Ejecutivo madrileño es proteger la diversidad, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, independientemente de cómo piensen, cómo sientan o cómo sean.