Avanzamos en la agrupación de sedes del 90 % de los partidos judiciales de la región

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha presentado hoy estos datos tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la sede de la Consejería de Justicia. Por lo que respecta a otros partidos judiciales de la región, ha explicado que avanzan los proyectos de agrupación de sedes en Collado Villalba, Getafe, Móstoles, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Valdemoro, quedando pendiente únicamente el inicio de las actuaciones en Majadahonda y Torrelaguna.

También se han puesto en marcha diez juzgados de nueva creación, el juzgado especializado de cláusulas suelo y el especializado de familia en la Audiencia Provincial, ha informado Garrido, subrayando la importancia de disponer de una Consejería específica de Justicia por primera vez en la historia de la Comunidad, lo que facilita la interlocución con todos los agentes implicados y permite una mayor visibilidad de un servicio público del que depende la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.

Prueba del compromiso del Gobierno regional es que el presupuesto en Justicia ha aumentado un 27 % desde el inicio de la legislatura en 2015, lo que supone un incremento de más de 120 millones de euros, hasta alcanzar la cifra histórica de 500 millones de euros para 2019.

Agrupación y modernización de sedes judiciales

Garrido ha incidido en el Plan de Modernización de las Infraestructuras Judiciales de la región que desarrolla la Comunidad de Madrid. Este programa cuenta este año con un presupuesto cercano a los 23,6 millones de euros, lo que supone casi un 20 % más que en 2018 y 37 veces más que al inicio de la legislatura, con el objetivo tanto de actualizar las sedes judiciales como de agrupar aquellas que estaban dispersas.

De cara al futuro, se ha logrado el acuerdo de la Mesa del Pacto para la Justicia, que agrupa a todos los actores del mundo judicial, para destinar cerca de 90 millones hasta 2025 para la unificación y construcción de nuevas sedes.

En cuanto a la adecuación de las sedes, se han mejorado respecto a accesibilidad, climatización, construcción de salas específicas para cada función judicial, seguridad, iluminación y modernización tecnológica, partida para la que se han invertido 50 millones de euros desde el inicio de la legislatura.

La Consejería de Justicia ha dotado de cámaras de videoconferencia a todas las salas de vistas de la región y está instalando también visores de documentos y pruebas. Asimismo, se ha renovado la práctica totalidad de los equipos informáticos, favoreciendo la extensión de la firma digital, y se ha dotado de ordenadores portátiles a todos los magistrados, jueces y fiscales.

Compromiso de Servicio Público

La Comunidad de Madrid ha impulsado en los últimos cuatro años actuaciones dirigidas a ofrecer a los ciudadanos una Administración de Justicia ágil, eficiente y accesible a todos, desde la convicción de que una Justicia ágil, eficiente y accesible es clave para crear el marco de estabilidad que permite la seguridad jurídica, la garantía de los derechos y, también, el crecimiento económico y la creación de empleo en la región.

El presidente ha mostrado su convencimiento de que el esfuerzo presupuestario y de diálogo desplegado en estos cuatro años por el Gobierno regional en el ámbito de la Justicia demuestra la relevancia que se le concede y que su Ejecutivo hace todo lo posible para que el servicio público de la Justicia en la Comunidad de Madrid sea mejor, más moderno y más cercano a los madrileños.

Humanización de la Justicia y nuevas tecnologías

En lo que respecta a las nuevas tecnologías, la Consejería de Justicia ha dotado de cámaras de videoconferencia a todas las salas de vistas de la región y está instalando también visores de documentos y pruebas. Asimismo, ha renovado la práctica totalidad de los equipos informáticos, favoreciendo la extensión de la firma digital y ha entregado ordenadores portátiles a todos los magistrados, jueces y fiscales.

Además, desde el convencimiento de que la Justicia debe proteger a las víctimas, se han humanizado las sedes. El mejor ejemplo es el nuevo edificio judicial del núcleo penal de Madrid, en el que se encuentran los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con recorridos diferenciados para evitar que las víctimas se encuentren con los acusados; y la primera cámara Gesell de la Comunidad, pensada para que los menores que tienen que declarar lo hagan en un ambiente amigable y para evitar la revictimización. En este sentido, habrá más salas de este tipo en partidos judiciales como Móstoles, Alcalá de Henares o Torrejón de Ardoz, entre otros.

Acuerdo sectorial con los sindicatos

Además, y en cuanto a la gestión de los recursos humanos, el Gobierno regional ha firmado con los sindicatos un acuerdo sectorial para el periodo 2017-2020 que mejora las condiciones laborales de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de Justicia. Ese acuerdo sienta las bases para la convocatoria, por primera vez desde 2009, de una bolsa de interinos en la que se valora la experiencia y el conocimiento del derecho de quienes se incorporan a las oficinas judiciales. Además, acordaba un incremento de las retribuciones de 120 euros mensuales, entre otras mejoras.

También en el capítulo de pactos con los sindicatos, la Consejería de Justicia firmó la semana pasada el acuerdo que permite la puesta en marcha de un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se trata de un organismo independiente, pionero y de vanguardia, que trabajará para la Administración de Justicia con criterios técnicos y científicos. Dispondrá de una plantilla integrada por más de 380 empleados públicos entre médicos forenses, psicólogos judiciales y trabajadores sociales.

Esta política de acuerdos también ha alcanzado esta legislatura a los abogados y procuradores del turno de oficio, que han recuperado el 20 % rebajado en el año 2012 y que además han logrado que se incrementen sus remuneraciones. Asimismo, la Consejería ha puesto en marcha, con la colaboración de los Colegios de Abogados y Procuradores, un nuevo modelo de pago mensual –y no trimestral– de las actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita.