Recibiremos hasta 216 millones del Estado para la ejecución del Plan de Vivienda
La Comunidad de Madrid recibirá un máximo de 216,7 millones de euros del Estado para la ejecución del Plan de Vivienda, un reparto que hoy ha quedado aprobado de forma definitiva en el marco de la Conferencia Sectorial que ha presidido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y en la que ha participado la consejera de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo.
Como novedad, este Plan recoge la obligación de que las comunidades autónomas aporten fondos propios para cofinanciar las actuaciones previstas. Así, será necesario aportar un mínimo del 10 % de la cantidad asignada a cada comunidad por Fomento para acceder a estas ayudas y solo podrá disponer del máximo de la financiación estatal prevista si aporta de sus propios fondos el 30 % de esa cantidad.
Gonzalo ha señalado que, aunque esta obligación no se aplica en este primer año, la Comunidad había reservado ya cuatro millones de euros para cofinanciar estas ayudas durante 2018, lo que incrementará los fondos procedentes del Ministerio de Fomento para este ejercicio hasta los 43 millones de euros.
Teniendo en cuenta esta circunstancia especial de 2018 y que, en los años siguientes, la intención del Gobierno regional es asegurar ese 10 % de aportación que garantice la llegada de fondos del Estado -con el objetivo además de incrementar ese porcentaje para recibir los mayores fondos posibles-la inversión total en la Comunidad de Madrid durante toda la vigencia del Plan (2018-2021) oscilará entre un mínimo de 186 millones (164,6 del Estado y 21,4 aportados por el Gobierno regional) y un máximo de 272,8 millones (216,7 del Estado y 56,1 de la Comunidad).
Dentro de los distintos programas de ayudas y subvenciones que contempla el Plan, que se desarrollará a través de un convenio bilateral que firmarán próximamente el Gobierno regional y el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid va a hacer especial hincapié en las destinadas a facilitar una vivienda de alquiler destinadas a colectivos muy concretos: mayores de 65 años, jóvenes menores de 35, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad y necesidades especiales. También se van a potenciar las ayudas relacionadas con la regeneración y renovación de los centros históricos de los municipios con menor número de habitantes de la región.