Priorizamos la seguridad y la justicia como base de crecimiento económico, inversión y empleo

López ha agradecido a los empresarios madrileños “su implicación en la lucha contra los efectos de la pandemia del COVID-19, su colaboración desinteresada, altruista y generosa, a través de todo tipo de iniciativas y donaciones, que el Gobierno regional agradece y pone en valor, a través de la entidad que engloba al empresariado madrileño”, ha subrayado el consejero.

López ha detallado las medidas que el Gobierno regional está impulsando en materia de justicia y seguridad. Dentro del ámbito judicial se ha referido al Observatorio de Justicia y Competitividad de la Comunidad de Madrid. 

Más medios y financiación

Se trata de un órgano que tiene como misión ahondar en las necesidades, sinergias y complicidades que existen entre el mundo de la Justicia y el de la empresa, y que permite a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas y a la de Economía, Empleo y Competitividad aunar esfuerzos en un proyecto de vanguardia. Entre sus objetivos se encuentra la elaboración de propuestas para mejorar el arbitraje y la mediación como resolución alternativa de conflictos, así como la conciliación previa o el arbitraje anexo.

Además, el consejero ha recordado que recientemente el gobierno regional ha reclamado al Ministerio de Justicia un Plan de Choque para agilizar la Justicia Madrileña. La propuesta consistiría en establecer un sistema de abono de complementos para magistrados, letrados, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia que se comprometan a resolver, con todas las garantías, más conflictos en menos tiempo. 

Para llevar a cabo este proyecto, según el consejero, “el Gobierno debe entender que la Justicia es un servicio público esencial” y, por tanto, “debe mejorar con urgencia la financiación autonómica, reconociendo el peso que la Comunidad de Madrid tiene en la administración de Justicia, teniendo en cuenta el mayor número de litigios que se producen por su capitalidad”. 

Plan de recuperación post COVID

En ese sentido, López ha hecho un llamamiento a todos los actores que intervienen en la administración de Justicia para sacar adelante el aumento de trabajo provocado por la crisis del COVID-19. A su juicio, “es imprescindible hacerlo porque la Justicia, además de un derecho inalienable, debe ser un motor para la recuperación económica”.

“Revisar la planta judicial, aumentar la ratio de jueces por habitante y dedicar más recursos del Estado a un asunto que es una cuestión de Estado sería dar un paso en la buena dirección”, ha subrayado el consejero.

En su intervención, López ha explicado a los empresarios que la Comunidad de Madrid contará antes de que finalice el año con diez nuevos juzgados (cuatro de Mercantil, tres de Laboral y otros tres de Primera Instancia, las jurisdicciones con mayor carga de trabajo). Nueve de las nuevas unidades judiciales estarán ubicadas en la capital y una en Torrejón de Ardoz.  

Asimismo, el consejero ha hecho referencia a las medidas incluidas por el Gobierno regional en su Plan para la Reactivación tras el COVID-19, aprobado el pasado 27 de mayo, que recoge dos iniciativas para mejorar el funcionamiento de la Justicia en Madrid. 

Refuerzo Seguridad ciudadana

La primera de ellas es el refuerzo del orden jurisdiccional social, mediante la puesta en funcionamiento de cuatro nuevas salas de vistas, con el fin de facilitar y agilizar la celebración de juicios y descongestionar un orden jurisdiccional altamente saturado. La segunda tiene como objetivo agilizar la resolución de demandas judiciales por el COVID-19. Para ello, el Gobierno regional aportará medio millón de euros el primer año, para proveer de personal de refuerzo y de equipamiento necesario al TSJM y a la Fiscalía, y reforzar la atención a las miles de demandas de víctimas del coronavirus que prevén los operadores jurídicos.

La seguridad es otro factor objetivo imprescindible para el crecimiento económico. El consejero ha insistido en la necesidad de mejorar esa percepción, una situación que precisa de medidas legislativas y organizativas que protejan mejor a la sociedad frente al delito.

López ha detallado algunos de los planes que su departamento está llevando a cabo en esta materia. Por una parte, apoyando a los policías nacionales y guardias civiles, a través de un plan de ayudas para incentivar la presencia de más agentes de seguridad en la región, así como reconocer y poner en valor el trabajo diario de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por otro lado, con el proyecto BESCAM, de apoyo a las labores de seguridad ciudadana que realizan las policías locales de los pueblos y ciudades de la Comunidad. Un proyecto en el que el Gobierno madrileño lleva invertidos más de 1.000 millones de euros desde hace 16 años y que ahora se quiere relanzar como una policía de mayor proximidad. 

Por último, el titular de Justicia ha respaldado de algunas de las reivindicaciones históricas de esta Comisión de Seguridad de CEIM, como la mejora de la regulación de la multirreincidencia, a través de la modificación del artículo 22.8 del Código Penal; y en el ámbito estrictamente policial, eliminar trabas a la presentación de denuncias online, sin trámite presencial, así como que se ponga en marcha de manera fehaciente el protocolo de denuncia in-situ. “Se trata de dos iniciativas que apoyamos, aunque exceden del marco competencial autonómico, y que serían extraordinariamente útiles”, ha asegurado López.