Destinamos 42,8 M a abogados y procuradores para garantizar la justicia gratuita en la región
La Comunidad garantiza la justicia gratuita tras aprobar hoy el Consejo de Gobierno regional destinar un total de 42,8 millones de euros para asegurar los pagos a los abogados y procuradores durante este año. Esta cantidad se completará, próximamente, con los siete millones de euros correspondientes al turno de oficio.
El Gobierno regional ha aumentado este año los baremos de justicia gratuita para siete de los procedimientos que practican los abogados en este ámbito: tribunal del jurado, penal especial (los llamados macroprocesos), penal general, juicio ordinario, verbal, división judicial de patrimonios y servicios de guardia; y para tres de los procedimientos que practican los procuradores, como son los relativos a las jurisdicciones penal y civil y los gastos de tramitación.
En la práctica totalidad de los supuestos, los baremos que abona la Comunidad de Madrid a los abogados por justicia gratuita son superiores a los que paga el Ministerio de Justicia en las comunidades autónomas donde el Gobierno central mantiene las competencias. En cuanto a los procuradores, en todos los casos los baremos de la Comunidad de Madrid son más altos que los del Ministerio.
En total, los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019 contemplan una partida de 50,6 millones de euros destinada a asistencia jurídica gratuita (justicia gratuita, turno de oficio y los servicios de orientación jurídica y de representación procesal), lo que supone un incremento de más del 58 % desde el inicio de la legislatura.
Segunda Comunidad en inversión
La Comunidad de Madrid es la segunda comunidad autónoma en inversión en asistencia jurídica gratuita, según el XII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española.
Del total de la partida prevista para este año, 43,9 millones se destinarán a los abogados (37,9 millones a justicia gratuita y 6 millones a turno de oficio) y 5,9 millones a los procuradores (4,9 millones a justicia gratuita y un millón a turno de oficio).
Los pagos para la asistencia jurídica gratuita se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, en el que está integrado el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.
Con estos pagos se financian las actuaciones profesionales del turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita y los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales. De esta forma, se garantiza la asistencia jurídica a todas aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes.
La asistencia jurídica gratuita es uno de los tres pilares del Programa de Actuación para la Mejora de la Administración de Justicia que impulsa el Gobierno de la Comunidad desde el inicio de la legislatura, junto a las mejoras en materia de personal y la modernización de las infraestructuras judiciales.
Pagos agilizados al máximo
Así, junto a la mejora de baremos para abogados y procuradores que se viene aplicando desde el inicio de la legislatura en 2015, la Comunidad de Madrid ha agilizado al máximo los pagos de la asistencia jurídica gratuita a estos profesionales con la puesta en marcha, el pasado mes de octubre, de un nuevo sistema de abono que se hace mes a mes y de forma anticipada, sin esperar a la comprobación material de las certificaciones de los servicios prestados en materia de asistencia jurídica gratuita.
De esta manera, los abogados y procuradores del turno de oficio cobran sus servicios a mes vencido, en lugar de hacerlo de forma trimestral como ocurría con anterioridad. Con este nuevo sistema, el Gobierno de Ángel Garrido da respuesta a una de las reivindicaciones históricas de abogados y procuradores y cumple con uno de sus compromisos electorales, el de “agilizar los pagos de asistencia gratuita del turno de oficio para garantizar el derecho de la defensa de las personas con menos recursos económicos y actualizar los honorarios”.