Garrido: “Este Gobierno ha colaborado con la Justicia y con Cámara, y lo seguirá haciendo”

Garrido ha subrayado que el Ejecutivo regional es el primer interesado en que se esclarezca la verdad en todo lo relacionado con la empresa pública madrileña. “Este Gobierno ha colaborado desde el primer momento con la Justicia y con esta Cámara, y así seguiremos haciéndolo”, ha afirmado, tras recordar que “fue el Gobierno de Cristina Cifuentes el que llevó a la Fiscalía las irregularidades detectadas en el proceso de compra de Emissao, pues nuestra tolerancia con la corrupción es cero”.

Así, ha explicado que el Ejecutivo ha contestado más de 720 iniciativas de control escrito relacionadas con Canal, lo que supone haber enviado información a la Asamblea todos los días, de lunes a viernes, desde hace dos años y medio. Además, desde la constitución de la comisión de investigación, ha contestado 842 peticiones de información, de las que sólo el 15 % (122 peticiones) tienen relación con Canal de Isabel II. “A ello se suma que se ha autorizado a los miembros de los grupos parlamentarios de la oposición a acudir a las instalaciones del Canal a revisar documentación.”, ha puntualizado.

Y ha añadido que, en cuanto el Gobierno tuvo conocimiento de la existencia de la autorización judicial del mes de agosto de 2017 para el envío de documentación a la Cámara, “procedimos de forma inmediata a subsanar nuestro error y facilitar la documentación afectada”.

Error humano
Garrido ha querido explicar de forma pormenorizada este asunto concreto, en el que ha reiterado que se produjo “un error humano sin mala fe” y por el que ha vuelto a pedir disculpas a los parlamentarios.

Según ha detallado Garrido, tras investigar los hechos, se ha sabido que el pasado 18 de agosto tuvieron entrada por un fax de la Abogacía General de la Comunidad, concretamente de la Subdirección General de lo Contencioso, dos notificaciones efectuadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de Madrid, a las 13.55 y las 13.58 horas, respectivamente. La primera se corresponde con el auto por el que se estima la personación en calidad de acusación particular en el procedimiento de la Comunidad de Madrid y del Ente Público Canal; y la segunda se corresponde con una providencia en contestación a una petición de la Viceconsejería de Presidencia y Justicia.

Dos documentos absolutamente distintos, ha recalcado. Porque el auto es un documento propio de la Abogacía General de la Comunidad que, en consecuencia, se analiza, tramita y comunica a los superiores jerárquicos; mientras que la providencia es un documento ajeno a la Abogacía, que no se deriva de actuación procesal alguna de este órgano y que, por tanto, “podemos afirmar que se recibe por error, toda vez que el Juzgado debería haberlo remitido al viceconsejero”.

En todo caso, y siguiendo lo previsto legal y reglamentariamente, el 21 de agosto, una vez que se reciben los dos documentos en la Subdirección General de lo Contencioso de la Abogacía por una funcionaria interina, ambos son escaneados y trasladados por correo electrónico al letrado jefe del Servicio Jurídico de Civil y Penal. Al día siguiente, el letrado notifica ambas resoluciones a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, tras dar cuenta por correo electrónico al abogado general de la Comunidad y recibir su conformidad.

La notificación se realiza por correo electrónico, a través del sistema Infolex, a una dirección de mail genérica de la Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo, dependiente de la Secretaría General Técnica de Presidencia. Una vez recibido el correo, la Subdirección aplica su protocolo habitual, que supone que los funcionarios del Área de Régimen Jurídico y Actuación Administrativa, dependiente de esta Subdirección, abren los correos de Abogacía General y dan curso a las comunicaciones y notificaciones judiciales recibidas a sus distintos destinatarios.

Notificaciones judiciales
En los casos especiales del orden penal, como es el ‘caso Lezo’, el protocolo es distinto, porque el 90 % de las notificaciones judiciales que se reciben no implican actuación alguna que tenga que hacer algún órgano de la Consejería. No obstante, si hubiese alguna notificación importante, el correo debe ser reenviado por el Área de Régimen Jurídico al subdirector general para que éste lo haga llegar al secretario general técnico.

Así, ese mismo 22 de agosto, una funcionaria del Área abrió el correo de Abogacía. Como el subdirector general estaba de vacaciones y ese día estaba también ausente la jefa del Área, al no tener elementos de juicio suficientes para poder valorar qué tratamiento debía dar a dicho correo (es decir, a qué órgano o unidad de la Consejería debía remitirlo), se limitó a archivarlo.

Esta funcionaria ha explicado que procedió a su archivo ya que el texto de la providencia mencionaba “la petición formulada por la Comunidad de Madrid en escrito de fecha 1 de julio de 2017 presentado en este Juzgado el 7 de agosto de 2017” pero, en ningún caso, indicaba que el escrito fuera del viceconsejero de Presidencia y Justicia. Por todo ello, la funcionaria interpretó que esta notificación, como tantas otras relativas al ‘caso Lezo’, no exigía ninguna actuación posterior de ningún órgano de la Consejería y se limitó a archivarla.

“Considerando que se trataba de un error humano por parte de esta funcionaria, sin duda sin mala fe, se procedió a la destitución del subdirector superior jerárquico, como ya conocen todos ustedes”, ha resumido Garrido.

“Este relato exhaustivo de lo sucedido es incuestionable. Hubo un error humano que provocó que se traspapelara la resolución del juez. Lamentamos lo sucedido, hemos pedido disculpas que hoy les reitero y, por eso, yo personalmente pedí comparecer en esta Cámara para explicarlo. Es absurdo pensar que nosotros estuviéramos escondiendo ese documento, cuando hemos repetido hasta la saciedad que no lo habíamos recibido. No busquen más allá porque no van a encontrar nada más”, ha concluido el consejero de Presidencia.