La Comunidad de Madrid impedirá que delincuentes sexuales tengan contacto con menores en el ámbito deportivo
La Comunidad de Madrid incluirá en el Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración –conocida como Ley Ómnibus- una modificación sustancial de la Ley 6/2016 que ordena el ejercicio de las profesiones del deporte, que servirá para impedir que delincuentes sexuales tengan contacto con menores en este ámbito. Esta norma se ha aprobado en el Pleno de la Asamblea regional y entrará en vigor el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial regional.
Para ello, el Ejecutivo regional añadirá tres nuevos apartados al artículo 2 de esta normativa, de cara a que los profesionales del deporte o voluntarios cuya labor se desarrolle en contacto con menores deban disponer de certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos.
Con esta decisión se pretende prevenir y detectar de forma precoz cualquier tipo de violencia sobre la infancia y la adolescencia que se produzca en estas actividades desarrolladas en el territorio autonómico, así como facilitar la intervención de las autoridades en caso de que ésta se produzca.
En el caso de que estas personas cometieran delitos sexuales y fueran incluidos, como prevé la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia, en el citado Registro General, serían suspendidas de manera inmediata en sus servicios.
Asimismo, el cambio legislativo prevé también la elaboración de protocolos de actuación que permitan la mejora de los entornos seguros en el ámbito deportivo y de ocio, que deberán ser aplicados en todos los centros que realicen actividades de este tipo y, en todo caso, en la Red de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, en las actividades vinculadas a las federaciones y a las escuelas municipales.
La Ley que ahora se modifica regula el ejercicio profesional por cuenta propia y ajena y se aplica tanto si dichas personas reciben una retribución por sus servicios o en régimen de voluntariedad. Con estos cambios, que afectan a estos profesionales tanto en el ámbito privado como en el sector público, el Ejecutivo regional quiere dar una respuesta transversal para asegurar la protección de los menores.
Por último, se incluye también la mejora de la información que recibe el consumidor o usuario de los servicios deportivos ofertados y se dota de seguridad jurídica a las personas que desempeñaban funciones relacionadas con este ámbito con anterioridad a la aprobación de la ley, para que puedan seguir su actividad en un periodo que se extenderá hasta la entrada en vigor del decreto de desarrollo, todo ello sin menoscabar el objetivo final de mejorar la formación que deben tener todos los implicados en el este sector en aras a proteger la salud de los ciudadanos.