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La Constitución republicana de 1931 estableció la creación de un órgano que velara por el respeto a los derechos fundamentales y por la adecuada aplicación del texto constitucional, interviniendo en la resolución de los conflictos que pudieran suscitarse. Estas funciones estaban encomendadas a una instancia de naturaleza jurisdiccional sin precedentes en la historia constitucional, o de la administración de justicia en España el Tribunal de Garantías Constitucionales, que se constituyó en 1933 y funcionó hasta 1939. La obra recoge la trascripción del Libro de Actas del Tribunal, tanto del pleno, como de las sesiones de la Junta de Gobierno, sentencias y la normativa relacionada.