La Comunidad de Madrid supera los 1.100 millones anuales para financiar las universidades públicas de la región
La Comunidad de Madrid ha incrementado más del 14% la financiación destinada para las seis universidades públicas de la región desde 2019, superando holgadamente la barrera de los 1.000 millones de euros anuales al situarse este 2023 en 1.130,6 millones, lo que representa hasta el 4,5% del conjunto del Presupuesto autonómico para este ejercicio. Los seis centros públicos tendrán este año una aportación de dinero público que crece un +7,1% con respecto a las cuentas regionales de 2022.
Este incremento de 142 millones en la financiación con el Ejecutivo madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso ha sido superior en el mismo periodo para la Universidad Complutense, la mayor por número de alumnos matriculados, ya que ha crecido un +23,4% para rozar en la actualidad los 400 millones de euros anuales.
La financiación de los gastos corrientes de las universidades públicas experimentará un crecimiento del 8,25% hasta alcanzar los 1.093 millones de euros. En esa cantidad se incluye una partida extraordinaria de 25 millones para mitigar el impacto del crecimiento de los costes de los suministros económicos y otros gastos extraordinarios, derivados por la subida de la inflación, y ante la incertidumbre de la situación económica de los próximos meses.
Asimismo, también incluye una cuantía para compensar la nueva bajada de precios y tasas de matrículas en Grado (20%) y en Máster (30%) para este curso 2022/23 aprobada por el Gobierno autonómico. Para ello, el Ejecutivo regional dobla la cantidad de 2022, ya que pasa a destinar 43,9 millones de euros en vez de 21,9.
De esta medida, que ha entrado en vigor, se han beneficiado alrededor de 190.000 estudiantes, que se han ahorrado de media entre 1.072 y 1.310 euros en los Grados, dependiendo de la especialidad, y de entre 439 y 4.848 euros, en función del tipo de Máster.
A los 1.093 millones de euros hay que sumar otros 20,3 destinados a inversiones, de los que 12,7 provienen del cumplimiento de sentencias judiciales relacionadas con la financiación en años anteriores.