Fomentamos la seguridad alimentaria en los establecimientos del sector de pastelería de la región
La Comunidad, a través de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, fomenta las medidas de seguridad alimentaria en la elaboración de los productos de repostería de temporada en la región, centradas en la inspección, información y colaboración con el sector para lograr la mayor protección de la salud de los madrileños.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha visitado el obrador Manacor, en Móstoles, para conocer in situ las condiciones de seguridad alimentaria aplicadas en unas instalaciones de este tipo, tanto con los productos habituales, como en los diferentes productos artesanales de temporada como los huesos de santo o los buñuelos, tradicionales en los próximos días.
Ruiz Escudero ha destacado tras la visita el alto nivel de seguridad alimentaria de los establecimientos de pastelería de la región, gracias al trabajo de sus empresarios y profesionales, y a las acciones de control de la Comunidad. Ha señalado, asimismo, que estas medidas no solo se aplican en la elaboración de los productos habituales, sino también en los de temporada, y ha animado a consumir los productos regionales.
La Consejería de Sanidad vigila y actúa sobre 1.709 establecimientos de pastelería, de los que 380 corresponden a industrias, 228 a obradores de pastelería minoristas, 174 obradores de panadería minoristas y 927 a venta minoristas de pan y pasteles sin elaboración. Junto a las inspecciones para ejercer un control directo de esta actividad, la Consejería de Sanidad mantiene una relación fluida con las asociaciones sectoriales para promover la calidad de los procesos y la seguridad alimentaria.
Garantizar la comprensión
El Anteproyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, en trámite de audiencia e información pública, contempla distintas iniciativas para garantizar el consumo de alimentos seguros y prevenir la aparición de riesgos para la salud.
Entre otras, la Consejería de Sanidad exigirá a las empresas alimentarias que garanticen una competencia lingüística mínima en castellano de sus trabajadores, por vía de la formación, para mantener una adecuada comprensión en los temas de seguridad alimentaria. Con esta medida se pretende evitar intoxicaciones alimentarias por confusiones lingüísticas así como informar adecuadamente a la población y específicamente ante los alimentos alérgenos, y que por normativa, los establecimientos deben dar a conocer.
